El campo ya se está encontrando con varios problemas en la campaña de recogida de la fruta de hueso que ha comenzado ya en algunas regiones de España. Llevaban semanas denunciando la falta de obra para la recolección del fruto, un problema que, a pesar de las medidas aprobadas por el Gobierno para aliviarlo, no se ha resuelto del todo, dado que la mayoría de personas que se han apuntado son inmigrantes ilegales.

A esto se añade que, en las zonas donde ya ha empezado la recolecta, los agricultores denuncian que se están dando prácticas especulativas, y no se están haciendo contratos ni fijando los precios de compra del producto, como obliga la ley.

El propio Gobierno reconocía hace unas semanas que faltaban alrededor de 150.000 personas para cubrir la campaña de recogida, que ha empezado ya en Murcia y Andalucía y se inicia ahora en Aragón, La Rioja y Cataluña.

El Ejecutivo aprobó un paquete de medidas para movilizar a parados y que estos pudieran trabajar en el campo sin perder su paro. Pero el problema, explican desde Coag, es que la mayor parte de estos trabajadores son inmigrantes ilegales.

Trasvase de temporeros

Desde UPA relativizan el problema y explican que se está movilizando a las temporeras, la mayoría marroquíes, que hicieron la recogida de la fresa y se las está desviando para hacer otras campañas. Las asociaciones agrarias están recogiendo las peticiones de trabajo y las trasladan a los agricultores que demandan mano de obra.

Según Coag, aún falta personal. Piden que se pueda flexibilizar el movimiento de trabajadores de unas comunidades a otras, a pesar del estado de alarma. El ministerio sí permitía la movilidad pero entre localidades cercanas. El problema es que con las fronteras cerradas, muchos trabajadores de otros países que vienen a España con un contrato de trabajo para hacer la recogida, ya no pueden hacerlo.

A esto se añade otro problema. Desde Coag denuncian, al igual que UPA, que «no se están haciendo contratos a los agricultores ni fijando precios». La ley de la cadena alimentaria (que se aprobó hace apenas dos meses) obliga a los intermediarios que compran fruta o cualquier otro producto agroalimentario a hacer contratos a los agricultores o ganaderos. En este contrato debe reflejarse el precio que pagan por la mercancía.

Especulación

Sin embargo, según denuncian las organizaciones, «no se está cumpliendo, y se está haciendo una entrega de la fruta ‘a resultas'». Es decir: los agricultores entregan el producto pero se les paga a posteriori, y «no saben cuándo van a cobrar ni cuanto».

«Se está volviendo a prácticas especulativas, intentando empezar con precios bajos. O sin fijar precio, para luego pagar a lo qué esté en el mercado. Si no quieres perder lo recogido tienes que entrar por el aro, porque son productos perecederos que no puedes almacenar y tienes que darle salida en cuanto lo recoges», señalan desde Coag.

A esto se añade que hay un 15% menos de producción que el año pasado y que el consumo en los hogares ha aumentado, a pesar de que en hostelería, ,como los bares y restaurantes están cerrados, se está demandando menos. Normalmente el productor vende la fruta a centrales de compra (hacen de intermediarios), a las cadenas de supermercados (con quienes tienen ya acuerdos pactados) o a mayoristas que van a los mercados (Mercabarna, Mercamadrid…) y venden, a su vez, a las fruterías.

Los costes por esta recogida crecerán un 30%, pues, en el proceso de manipulado, que es cuando se deshecha la fruta que no tiene la calidad suficiente y se empaqueta en bolsas o bandejas, estos costes han aumentado por las medidas de seguridad que se han tenido que implantar para prevenir contagios por coronavirus. Estos costes «o repercuten en el precio final al consumidor o los asume el productor o se lo reparten un poco entre todos», señalan desde Coag.

Fuente de información: www.elmundo.es